El diputado federal detalló los alcances del “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca instaurar un modelo democrático austero y eficiente. La iniciativa, que actualmente se debate en el Senado, propone optimizar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de gastos superfluos y privilegios administrativos.
Mejía Haro explicó que la meta central es garantizar que la democracia no represente un derroche financiero, sino una fuente de resultados tangibles para la población. Al reestructurar el sistema electoral, se pretende agilizar la entrega de resultados y simplificar procesos, permitiendo que las instituciones cuesten menos al erario sin comprometer la integridad de las elecciones futuras.
Entre las medidas más relevantes destaca la imposición de un tope presupuestario a los congresos locales del 0.7 % respecto al presupuesto estatal, así como la reducción en el número de regidores en los ayuntamientos. Estas acciones buscan adelgazar la carga administrativa de los gobiernos municipales para que estos operen con mayor disciplina financiera y un enfoque total en la atención ciudadana.
El legislador subrayó que la reorientación del gasto público es el aspecto más significativo de esta reforma, ya que los ahorros se destinarán directamente a obras y servicios en estados y municipios. Según sus declaraciones, cada peso rescatado de la alta burocracia se traducirá en infraestructura y programas sociales que impacten positivamente en el bienestar de las familias mexicanas.
Finalmente, el diputado reiteró la importancia de mantener una vigilancia social sobre este proceso legislativo para consolidar una democracia más activa y cercana a la gente. Con la implementación de este plan, el Gobierno Federal espera fortalecer la vida institucional del país bajo los principios de la austeridad republicana y la eficiencia operativa en todos los niveles de gobierno.
